La democracia militar
En el ideal de la democracia no tiene cabida la participación del sector militar en el día a día de la población civil, mucho menos en la vida política.
Artículo escrito por: María Fernanda Rodríguez
En el ideal de la democracia no tiene cabida la participación del sector militar en el día a día de la población civil, mucho menos en la vida política. Sin embargo, el avance de la militarización en América Latina, en este caso México, ha sido sutil y gradual. Actualmente, no hay manera de afirmar que se hayan instaurado regímenes militares en la región, sin embargo, hay democracias militares.
En América Latina, durante el S. XX, los regímenes militares tuvieron consecuencias traumáticas para la población civil, sobre todo en materia de DD.HH. Finalmente, esto sentó un precedente para el desarrollo del modelo democrático en toda la región. Entonces, la participación militar se limitó, mientras la población civil ocupaba cada vez más ámbitos de la vida pública.
El caso de México
En realidad, el caso de México es extraordinario; una dictadura perfecta. El establecimiento del partido único y su prolongado gobierno permitieron una ilusión de estabilidad pseudodemocrática que perduró bajo el mando del PRI y con poca intervención del sector militar (aunque no nula).
A pesar de lo anterior, en el periodo de la guerra contra el narcotráfico, durante el gobierno de Felipe Calderón, a las fuerzas armadas se les asignaron funciones de seguridad pública. Esto tuvo como consecuencia una ola de violencia generalizada, así como violaciones a los DD.HH. por parte del ejército, que fueron una fuente de críticas por parte de la oposición; sobre todo del actual presidente.
No es una estrategia de seguridad, es una decisión política
En 2018, Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones para la presidencia con un discurso de izquierda que llevaba décadas articulando; y antimilitarista, por supuesto. Pero las expectativas del Ejecutivo se vieron rebasadas por la realidad; y no sólo en materia de seguridad, incluso sus proyectos insignia, — el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), hasta las sucursales del Banco del Bienestar —, de pronto requerían el apoyo de las fuerzas armadas para su consecución.
Pero, repito, esta es una decisión política. En materia de seguridad, por ejemplo, se sugería reformar a las fuerzas de seguridad pública: permitir su profesionalización, diseñar un modelo de seguridad a nivel nacional, fortalecer el “estado de derecho”. Claro, todo esto requiere recursos —económicos, temporales, políticos— que no se pretenden invertir. Entonces, ¿la solución? Una Guardia Nacional… de mando militar.
Así, la militarización se ha convertido en la solución —¿eficaz?— cada que surge una nueva cuestión por resolver. Por ejemplo, el uso de la milicia durante la pandemia por el Coronavirus y su eventual injerencia en materia aduanera y migratoria.
La militarización de diversos sectores técnicos —salud, seguridad, infraestructura— dificulta el proceso de especialización de dichas dependencias; una especialización técnica con la que tampoco cuentan las fuerzas castrenses aún.
La decisión de militarizar también se debe al carácter opaco de esta institución. Esto significa que el Poder Ejecutivo aprovecha la falta de transparencia, en varios aspectos, de la que gozan los militares y que otras instituciones, de carácter civil, no pueden replicar.
En particular, recientemente la SCJN obligó a transparentar datos sobre el patrimonio de ingenieros militares del AIFA; pues siempre ha sido derecho de la población auditar a los servidores públicos, pero: ¿también a los militares?
Igualmente, la militarización de megaproyectos implica que los recursos ahora pasen a esta corporación y, por ende, haya una desconfiguración en la asignación presupuestaria. Aunado a lo anterior, esta elección supone, muchas veces, pasar por alto el escrutinio del Poder Legislativo.
Es más fácil militarizar a un civil que…
El avance de los militares durante esta administración ha permitido que las Fuerzas Armadas comiencen a politizarse. Esto no implica necesariamente un régimen militar, pero sí el arribo de militares retirados, por ejemplo, a las dependencias de seguridad e, incluso, infraestructura de los gobiernos locales; sobre todo aquellos asociados a la cuarta-transformación.
La intromisión de estos personajes, en la administración federal y local, dificulta su eventual exclusión de tareas que le corresponden a civiles. Al final, la militarización erosiona una democracia que, con dificultad, ha podido acreditarse como tal.
México, 02 de junio de 2024
El fin de este gobierno, no es el fin de la militarización en México. A pesar de los discursos de los candidatos para la presidencia, a favor o en contra de la milicia en la vida pública, lo cierto es que el uso de esta institución, para cumplir con los anhelos políticos de cualquiera, es una gran tentación para aquel que ostente el poder.
Ahora nos consternan de sobremanera las elecciones. Sin embargo, lo cierto es que debemos poner especial atención en las formas que se utilizan con el propósito de pasar por alto los pesos y contrapesos característicos de un régimen democrático; con el único objeto de cumplir caprichos y ambiciones políticas.
Hablar de una democracia militar es un oxímoron y, quizá, hasta una exageración. Pero la realidad nos ha rebasado: los militares ocupan, poco a poco, los espacios designados para el ejercicio propio de la democracia y, por lo tanto, son un peligro para su preservación.
