Hablemos del fentanilo en México y la necesidad de una nueva política de drogas.
¿Cómo podemos lidiar con el problema del fentanilo?
Artículo escrito por: Marina Román
Hace algunos días, salió al aire la entrevista a nuestro presidente conducida por la periodista Sharyn Alfonsi para el programa 60 minutos de la cadena televisiva estadounidense CBS. Muchos fragmentos de la entrevista han generado discusión y polémica, pero la sección de la cual quiero hablar es la parte de la conversación en la que se discutió la producción de fentanilo en el país.
Alfonsi menciona que el Jefe de la DEA ha declarado que los cárteles mexicanos producen fentanilo en masa, y que el Departamento de Estado de Estados Unidos también señala que la mayoría del fentanilo que se comercializa en el país vecino es proveniente de México.
La periodista no obtuvo una respuesta de negación total a los hechos descritos, lo cual sorprendió a quienes vimos la entrevista. Esta fue la primera ocasión en la que AMLO admite que México produce fentanilo, aunque negó que seamos el mayor productor de la droga que se comercializa en Estados Unidos, usando una variación de la que en estos años se ha convertido en su frase célebre, pues: “(Estados Unidos) no tiene toda la información”.
“¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienes en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia.”
Una de las narrativas predominantes de la política de drogas en el país desde hace algunas décadas es que México funge exclusivamente como puente para transitar, cumplir la demanda y sustentar el problema de adicción de Estados Unidos. Por años, fuimos vistos como el hermano menor exento de toda culpa y solo como facilitador o accesorio a la travesura, cuando realmente no era el caso. Lento pero seguro, a lo largo de los años, en México se ha gestado un problema de adicción —que sí, ha sido influenciado por el alza en la violencia generada por el narcotráfico— pero que, en sí mismo, tiene que ser tratado como un problema de salud pública, sin criminalización ni estigmatización.
Me atrevo a decir que ni el presidente, ni su equipo, parecen conocer los patrones de consumo actual de drogas en el país, mucho menos en lo que respecta al fentanilo. En México, no hay información sobre el consumo de drogas ilícitas con un muestreo representativo de la población del país desde el 2016, años antes de que las discusiones sobre la legalización de la marihuana tomaran la fuerza que tienen ahora y que existiera una proliferación de consumo de nuevas drogas químicas, tomando en cuenta que el inicio del registro de producción de fentanilo por los cárteles mexicanos inicia en 2017.
En el 2022, por razones de austeridad, el actual gobierno decidió suspender la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENDOCAT) realizada cada cinco años por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). En el 2016, el costo de realizar esta encuesta rondaba los 150 millones de pesos. Un año después, se publicaron los resultados de la que sería su última edición, que reportó que 0.6% de la población mexicana tenía dependencia a alguna droga.
No se puede hacer política pública sin datos. O bueno, no se deberían diseñar políticas públicas sin datos. Parece una declaración obvia, pero al parecer no lo es.
De la abstención como prevención, hasta los decomisos: La política de prevención de drogas.
Grosso modo, la política de drogas actual en México se puede resumir en dos pilares; primero, los programas de prevención para evitar uso absoluto de drogas, especialmente enfocado en infancias y adolescentes; segundo, los decomisos de cargamento de droga por la SEDENA con el fin de disminuir la oferta. Sin embargo, este abordaje al consumo de droga en México deja desatendido al sector de la población que tiene una adicción existente a alguna sustancia ilícita.
A México le hace falta una política efectiva de reparación de daños.
Hablar de reparación de daños es hablar de la realidad, y el solo generar campañas masivas de medios en contra de las drogas es el símil a predicar exclusivamente educación sexual basada en la abstinencia y aún así esperar una tasa cero de embarazos adolescentes: la acción voluntaria de lavarnos las manos e ignorar la realidad.
Aunque la actual administración, a través de su Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA), teóricamente manifiesta un cambio de paradigma alejándose del modelo prohibicionista y “fomentando la responsabilidad de cada individuo en el ejercicio de su libertad”, sigue sin proveer los servicios y programas para minimizar los riesgos asociados con el consumo de drogas.
Una política de drogas efectiva se basa en la reparación de daños y es momento de que nuestros mandatarios se den cuenta de ello. No obstante, primero debemos de estar listos para aceptar el problema, hablar de ello y admitir que la criminalización hacia quienes consumen drogas no es la respuesta.
Entonces, ¿cómo se ve una política de reparación de daños en materia de drogas?
Ante la falta de respuesta del Estado en torno a un problema social, siempre hay una propuesta organizada por parte de la sociedad civil, que funciona y responde a sus necesidades. Además, creo que son estos proyectos los que deberían ser estudiados como ejemplos, tanto por la actual como por la futura administración, porque funcionan y ponen en el centro de sus iniciativas la dignidad y los derechos de las personas.
Una iniciativa pionera es ‘La Sala’ en Tijuana, el primer espacio de consumo supervisado en Latinoamérica, que tiene el objetivo de evitar sobredosis, proveer equipo estéril para garantizar inyecciones limpias y seguras y con personal capacitado y en posesión de Narcan —medicamento para revertir sobredosis de opioides, medicamento cuyo uso es un lujo en el país. Este fue un proyecto creado como respuesta directa a la crisis de opioides y fentanilo que inició en la región fronteriza y a la cual acuden en promedio diez personas al día a inyectarse heroína y fentanilo.
En cuanto al consumo recreativo de drogas, las muertes por sobredosis han aumentado por contaminación cruzada de fentanilo con otras sustancias. Iniciativas como ‘Proyecto SOMA’ o ‘La Testería’ están presentes en festivales de música y en eventos donde se consumen sustancias ilícitas para analizar muestras sin estigmatización alguna, corroborar su composición y asegurarse de que no contengan fentanilo. Acciones como estas disminuyen riesgos y la muerte por sobredosis ante la creciente amenaza del fentanilo —negada públicamente— en el país.
Así, la sociedad civil da ejemplo de cómo se podría ver una política de drogas basada en la reparación de daños, mostrando que sí se puede tratar las adicciones y el consumo seguro más allá de combatirles a capa y espada, fracasando rotundamente en el intento.
